las mujeres y las niñas siguen contándose entre las principales víctimas de trata en el mundo y destacó el creciente uso de las redes sociales para reclutarlas en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Los expertos de ese grupo indicaron que las leyes y políticas nacionales e internacionales contra el tráfico de personas resultan insuficientes para detener ese delito, particularmente cuando se extiende de los medios convencionales al espacio virtual.
Explicaron que los traficantes se valen de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder a sus posibles víctimas y reclutarlas para luego explotarlas sexualmente en el caso de las mujeres y las niñas.
El CEDAW consideró “alarmante” el papel que los medios digitales en esos reclutamientos durante los periodos de confinamiento debidos a la pandemia, cuando los traficantes no han podido llegar hasta sus posibles presas con sus métodos tradicionales, que implican un contacto más directo y personal.
“La pandemia ha revelado la urgencia de analizar el uso de la tecnología digital en la trata y de cómo aprovechar esa tecnología para combatir el delito”, dijo Dalia Leinarte, integrante del comité y encargada de redactar las recomendaciones generales para hacer frente al fenómeno.
Controles mitigantes del riesgo
Los expertos dirigieron a las compañías de redes sociales y mensajería un llamado a implementar controles para mitigar el riesgo de exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual. También les pidieron que usen sus datos para identificar a los traficantes y a los individuos ligados a la demanda de mujeres y niñas. Según el CEDAW, combatir la trata implica desalentar la demanda.
A los gobiernos, por otro lado, los conminaron a abordar las causas que empujan a las mujeres y las niñas a caer en situaciones de alta vulnerabilidad.
En este sentido, consideraron que los Estados deben movilizar recursos públicos y fortalecer los servicios en las áreas que apoyan el alcance de la igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y el respaldo del desarrollo sostenible para reducir los factores de riesgo que propician la trata.
Discriminación asociada al género
El Comité aseveró que entre los problemas fundamentales se cuentan la discriminación con base en el género, lo que incluye injusticias socioeconómicas en los países de origen de las mujeres y las niñas; las políticas migratorias y los sistemas de asilo con sesgos de género en los países extranjeros; y los conflictos y emergencias humanitarias.
Dalia Leinarte sostuvo que “la trata es un crimen de género muy vinculado a la explotación sexual” y subrayó que los Estados deben crear las condiciones propicias para asegurar que las mujeres y las niñas “sean libres del peligro de la trata”.
Los expertos instaron a elaborar políticas públicas que otorguen autonomía y acceso equitativo de las mujeres y las niñas a la educación y el empleo.
“Garantizar la participación completa, efectiva y sustantiva en todos los niveles de la toma de decisiones que busquen prevenir o combatir la trata de las mujeres y las niñas, en especial de las víctimas, de las comunidades afectadas por ese delito y de las personas en riesgo de sufrir ese lastre”, es una de las recomendaciones del Comité, que también solicita esa participación en el diseño de respuestas al delito con base en el género y derechos humanos.
Erradicación de los valores patriarcales
Otra recomendación es la erradicación de las normas y valores patriarcales formalizados en las leyes que facilitan el tráfico de niños y los matrimonios forzados de menores de edad. “Se deben adoptar medidas para evitar que las familias acepten los matrimonios indefinidos o temporales de sus hijas a cambio de dinero”, apuntaron, recordando que el llamado “déficit de mujeres” debido a las políticas de planificación familiar de algunos países ha exacerbado esa situación.
Asimismo, pugnaron por políticas migratorias seguras, que respondan y protejan a las mujeres y niñas migrantes. Y en el caso de los desplazamientos internos de población por conflictos o emergencias, abogaron por sistemas de protección y asistencia amplia a esos sectores.
En este sentido, resaltaron la necesidad de establecer un sistema para reportar presuntos casos de tráfico de personas observados en las inspecciones laborales sin que esto afecte a las víctimas por su condición migratoria, además de llamar a que se les permita el acceso a todos los servicios públicos sin temor a ser denunciadas por su estatus migratorio.
De acuerdo con el Comité, el combate de la trata de mujeres y niñas en el marco migratorio global requiere de un mayor compromiso y medidas de protección derivadas de las leyes internacionales humanitarias, de refugiados, penales y laborales.
TOMADO DE: https://news.un.org/es/story/2020/11/1483922
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