Destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, vele que una adolescente víctima de violencia sexual y su familia accedan, con garantías, a la justicia y reciban protección para evitar retaliaciones por denunciar esta clase de delitos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, estableció medidas cautelares frente al caso de una adolescente de 14 años de edad, víctima de violencia de género y cuya familia enfrenta una serie de intimidaciones y acosos posiblemente por parte de los familiares del presunto responsable.
En la providencia emitida por dicho organismo humanitario, se establece que el presunto responsable fue capturado e imputado por el delito de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años”, encontrándose hoy en día en prisión preventiva. Ese mismo día, sus familiares habrían ofrecido dinero a la madre de la propuesta beneficiaria, Marle, a cambio de que se retractara de su denuncia, sin éxito.
Luego de esto, y según la denuncia instaurada por la madre de la adolescente, se presentaron una serie de hechos intimidatorios contra la familia de la adolescente, como fue la desaparición y muerte de una mascota, luego de un caballo y después varios intentos de ingresar a la vivienda de estas personas, todo por negarse a retirar la denuncia contra el señalado responsable de abusar sexualmente a la menor.
Mientras las amenazas continuaban, la defensa del señalado agresor empezó a solicitar una serie de medidas judiciales, como fue la revocatorio de la medida privativa de la libertad, pero en las diligencias judiciales, la defensa de las víctima y el mismo ente acusador demostraron que la solicitud de estas acciones se realizaban con argumentos revictimizantes de la adolescente A.A.T.T., vulnerando el derecho a la intimidad y con lenguaje inapropiado y estereotipos de género.
Luego de esto, continuaron los hostigamientos y las intimidaciones contra la familia de la víctima, y como consta en las denuncias hechas por los integrantes de esta últimas, en el pasado mes de enero se presentaron dos acciones violentas en la residencia donde habita, las cuales fueron el intento de sujetos armados de ingresar a la casa.
Por eso, la madre de la adolescente víctima optó por salir del municipio donde residía para conservar la vida luego que el mismo comandante de Policía localidad le indicó que podían brindarle protección adecuada.
A raíz de esto, la madre de la adolescente y el equipo jurídico que la defendía tomaron una serie de acciones como fue poner en conocimiento de la Cidh el caso, con las debidas denuncias y elementos que comprobaban cómo se ejercía una fuerte presión para evitar que la justicia colombiana actuara contra el señalado responsable.
“En consonancia con los antecedentes descritos, la Comisión advierte preocupante que, el 14 de enero, un día después de la continuación de la audiencia de modificación de las medidas de aseguramiento, se registró un primer intento de ingreso a la propiedad de la señora Marle. Posteriormente, la madrugada del 20 de febrero, en que iba a tener lugar una nueva audiencia, se registraría un nuevo intento de ingreso al domicilio donde se encontraba la niña AATT, con sus hermanos y su abuela”, reza una parte de la providencia de la Cidh.
A pesar de que las autoridades, como representantes del Estado, actuaron frente a este caso, las intimidaciones continuaron, de ahí que la familia y la víctima optaron por refugiarse en sitios distintos.
Por esta situación, y en aras de proteger a estas personas y velar que la justicia Colombia actué diligentemente en este caso, la Cidh decretó la medida cautelar No. 96-20.
Dicha determinación busca que “las autoridades colombianas adopten las medidas necesarias para preservar los derechos a la vida e integridad personal y su núcleo familiar, con perspectiva de género y considerando su condición de adolescente o los enfoques diferenciados que resulten pertinentes, de conformidad con los estándares y obligaciones internacionales aplicables”.
Por eso, destacamos la determinación de la Cidh con base una perspectiva de género, velando así por la integridad de la adolescente víctima, y de paso su familia, e instando a las entidades judiciales colombianas actuar rápidamente para sancionar este gravísimo caso de violencia contra nuestras niñas y las mujeres, asegurando el adecuado acceso a la justicia.
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