Una mirada a la situación de las mujeres en situación de migración, experiencia del Norte de Santander- Cúcuta, Colombia
La crisis migratoria desde Venezuela es el éxodo más grande que se ha registrado en el hemisferio occidental en los últimos 50 años según la UNHCR (ACNUR Colombia) en el año 2020.
Alrededor de 4,5 millones de refugiados y migrantes han dejado Venezuela como consecuencia de las tensiones políticas, la inestabilidad socioeconómica y la crisis humanitaria en el país, – lo que ha provocado el desplazamiento de personas más grande en la historia reciente de América Latina. La gran mayoría de los venezolanos en movimiento (3.7 millones) se han quedado dentro de la región; esto significa que Colombia actualmente alberga el mayor número de refugiados y migrantes de Venezuela con un total de 1.4 millones (basado en cifras gubernamentales de octubre de 2019) (OIM- ONU Migrantes, 2020).
La llegada de miles de venezolanos y de colombianos, que habían vivido por décadas en Venezuela, no es un secreto en los últimos años, pero tal vez lo que todavía el país desconoce es la magnitud de este fenómeno social que ya se convirtió en la migración más alta de nuestra historia. Pese a que la oficina de Migración Colombia tiene reportados 40.000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60.000 irregularmente, una investigación liderada el sociólogo y experto en migración venezolana Iván De la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos del Laboratorio Internacional de Migraciones (LIM), revela que son 900.000 los venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- (el 1,8 por ciento de nuestra población), los que han llegado al país en los últimos 20 años, por el efecto de la llamada ‘revolución bolivariana’ y la crisis social en ese país.
Sin embargo, esta situación se agrava aún más para las mujeres migrantes que ya que a raíz de un sistema patriarcal y misógino, su ya difícil situación se multiplica de manera negativa en todos los aspectos (salud- salud sexual y reproductiva- situación laboral- alimentación-entre otros) (Periodico EL TIEMPO, s.f.)
La CORPORACIÓN ANNE FRANK en el desarrollo de #LAMISIÓN en el combate contra el delito de trata con fines de explotación sexual y la exigibilidad por el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos, se embarcó en un reto en medio de un contexto nacional altamente complejo, junto con en el desarrollo de la pandemia Covid-19 que sigue azotando actualmente a Colombia y el mundo, atreviéndose a realizar una visita de campo directa en la zona denominada LA FRONTERA, en una de las entradas irregulares también denominadas “trochas” por las que a diario transitan gran cantidad de migrantes venezolanos en condiciones denigrantes y de absoluta vulneración a sus derechos humanos fundamentales.
Encontramos y constatamos a través de diversas entrevistas informales y mediante una metodología de acción participativa que muchas de las mujeres migrantes han sido victimas del delito de trata con diferentes fines entre los que mayormente se destacan: laboral y explotación sexual; también pudimos visualizar la precaria conciencia acerca del autocuidado y la salud sexual y reproductiva, a la vez que la poca presencia de organizaciones estatales y de la sociedad civil en la zona.
Desde un enfoque jurídico- diferencial podemos constatar que las mujeres y las niñas que se encuentran en “la frontera” son una población altamente vulnerable, que en la actualidad son objetos victimizantes de una situación que si bien es una emergencia humanitaria de altas dimensiones que enfrenta toda la población venezolana, la cual ha sido arrastrada a la pobreza y precariedad extrema; las mujeres al ser parte de una población históricamente oprimida, enfrentan desafíos adicionales, pues labores que han sido feminizadas a través de la historia tales como: labores de cuidado, maternidad (“cabeza de hogar”),entre otros; precarizan aún más su ya grave situación, enfatizando además el lugar que ocupan sus cuerpos, objetivos principales de la violencia, el abuso, y la trata y la explotación sexual, agravando de manera diferencial las violaciones a derechos fundamentales que se ven forzadas a atravesar.
Es bajo este contexto que nos atrevemos a exigir una mirada internacional y un compromiso real del Estado Colombiano, a comprender de manera diferenciada y con un enfoque de género real y tangible el flagelo de la migración venezolana en nuestro país, por justicia social, dignidad jurídico-estatal y en cumplimiento a los distintos tratados y compromisos internacionales.
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